Asociación Danesa de Acuicultura denuncia a Turquía por prácticas de dumping con la trucha arcoíris

Bruselas 04/03/2014 – El Documento Oficial de la Unión Europea (DOUE) hizo público el pasado mes de febrero, el anuncio de la denuncia de la Asociación Danesa de Acuicultura que, en nombre de los productores que representan el 25 por ciento de la producción de trucha arcoíris (Oncorhyncus mykiss) de la Unión Europea (UE), ha interpuesto contra las importaciones procedentes de Turquía, ya que consideran que éstas se realizan bajo sistemas de subvenciones ilegales.

La citada denuncia por presunta subvención irregular por parte del Gobierno de Turquía a sus productores, abre de esta manera una investigación sobre la trucha arcoíris en diversos formatos y estados de conservación.

Entre otros, los subsidios denunciados consisten en apoyos del Gobierno turco a las inversiones del sector de la acuicultura; subvenciones directas a los productores de trucha; seguros y préstamos subvencionados para los productores de trucha; y subvenciones para los buques de pesca.

La Comisión, según señalan en el citado anuncio, se reserva el derecho a investigar otras subvenciones que puedan ponerse de manifiesto en el transcurso de la investigación.

Según explican, las pruebas aportadas por los afectados, en este caso los productores europeos, proporcionan pruebas que demuestran que con estas prácticas, el gobierno y los productores turcos han aumentado globalmente su mercado de trucha arcoíris en términos absolutos y en términos de cuota.

A su vez, esta mayor presencia de producto y los precios a los que se han comercializado han tenido repercusiones negativas sobre las cantidades vendidas, el nivel de precios cobrados y la cuota de mercado de la Unión Europea, “lo que ha tenido efectos muy desfavorables en los resultados generales de dicha industria”.

Desde que se acepta la denuncia, se abre un proceso en el que se va a determinar si han existido subvenciones, y en el que están invitados a participar en la Comisión, los productores exportadores del producto investigado, así como las autoridades de este país.

Según establecen desde la Comisión, la investigación tendrá un plazo de 13 meses. A partir de esa fecha podrán imponerse medidas provisionales en el plazo de nueve meses de la publicación del anuncio en el DOUE.