APROMAR traslada diez propuestas a los políticos para mejorar la acuicultura española

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) ha remitido a los principales partidos políticos un documento con diez propuestas para impulsar el sector durante la próxima legislatura. La patronal sitúa la duración y la incertidumbre de los trámites administrativos entre los principales obstáculos a la inversión: según su diagnóstico, obtener las autorizaciones para una nueva granja puede llevar entre cinco y ocho años.

El documento, titulado La acuicultura que España puede tener. Diez propuestas de APROMAR para la XVI Legislatura, plantea medidas que abarcan desde la simplificación de permisos hasta la fiscalidad, las ayudas públicas y el etiquetado. APROMAR defiende que esos cambios permitan aumentar la producción sin rebajar los niveles de sostenibilidad ambiental.

La patronal presenta sus propuestas en un contexto de demanda cubierta en gran parte por importaciones. Según los datos incluidos en su comunicado, más del 65 % del pescado consumido en España procede del extranjero. España cosechó 274.111 toneladas de productos acuícolas en 2025, con un valor en primera venta de 883,5 millones de euros y 8.869 personas empleadas, principalmente en zonas costeras y rurales.

Aunque España es el primer productor acuícola de la Unión Europea, APROMAR afirma que la producción nacional apenas ha variado en los últimos 25 años, mientras la acuicultura mundial ha seguido creciendo. A juicio de la organización, el freno no está en la demanda, el comportamiento ambiental de las granjas, la disponibilidad de inversión o la innovación, sino en un marco administrativo que desincentiva los proyectos.

APROMAR propone reconocer por ley la acuicultura como una actividad estratégica para la soberanía alimentaria y establecer un objetivo nacional de producción a quince años. En materia administrativa, reclama plazos máximos vinculantes, silencio positivo, declaración responsable para modificaciones no sustanciales y la eliminación de los documentos estadísticos en tiempo real asociados a cada venta.

También pide crear un expediente electrónico único que permita a las empresas consultar sus trámites y evitar que los retrasos entre organismos les hagan perder ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En el ámbito ambiental, la patronal propone adaptar los planes de vigilancia al riesgo de cada actividad y actualizar durante el primer año de legislatura el protocolo de vigilancia ambiental marina, cuya revisión —según APROMAR— está pendiente desde 2012. Para la acuicultura continental, plantea reconocer la trucha arcoíris como especie de interés productivo mediante una modificación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El paquete incluye además medidas de apoyo económico: equiparar determinadas ayudas públicas a las disponibles para la pesca, cubrir costes como el gasóleo de las embarcaciones de las granjas y los sobrecostes de piensos, oxígeno y energía, y mejorar las coberturas y subvenciones de los seguros agrarios acuícolas. APROMAR propone también aplicar al pescado y a los productos de la acuicultura un IVA superreducido del 4 % o un tipo cero.

Sobre competencia y comercialización, la organización reclama cláusulas espejo y más controles en frontera para las importaciones, además de extender a la hostelería y la restauración el etiquetado del país de origen. Por último, pide que España defienda en la Unión Europea un marco jurídico propio para la acuicultura, con objetivos vinculantes de producción y una meta europea para 2040.

“La acuicultura española no pide privilegios, sino reglas que le permitan producir alimentos sanos y sostenibles cerca del consumidor”, ha señalado Javier Ojeda, gerente de APROMAR. La organización ha ofrecido a los partidos su colaboración para convertir las propuestas en medidas durante la próxima legislatura.

Puede consultar aquí la nota de prensa de APROMAR completa