Futura ampliación de Aquacría de Arousa | Recreación/imagen generada por IA
La ampliación de la planta de lenguado de Aquacría Arousa en Castrelo, Cambados, vuelve a situar sobre la mesa un problema recurrente para el crecimiento de la acuicultura europea: proyectos que cumplen procedimientos ambientales y realizan inversiones para reducir su impacto pueden encontrarse, aun así, con una oposición territorial capaz de condicionar su desarrollo.
La instalación plantea aumentar su capacidad desde unas 450 hasta 900 toneladas anuales mediante tecnología de recirculación, RAS, mientras una treintena de entidades de la Ría de Arousa ha presentado alegaciones relacionadas con la captación de agua, los vertidos y su seguimiento.
La ampliación, sin embargo, no pretende desarrollarse al margen de los controles ambientales. El proyecto está sujeto a un procedimiento administrativo con condiciones específicas de vigilancia, seguimiento de los caudales de vertido, análisis periódicos del agua procedente del cultivo y controles sobre el medio receptor. Además, incorpora tecnología RAS para reducir el intercambio de agua y mejorar el control del proceso productivo, y cuenta con apoyo del FEMPA dentro de las políticas destinadas a impulsar la producción acuícola.
Los alegantes plantean dudas sobre cómo afectará la duplicación de la producción a los vertidos y solicitan más información sobre los tratamientos veterinarios utilizados.
Son cuestiones que pueden y deben comprobarse, pero resulta importante distinguir entre preocupaciones o hipótesis e impactos ambientales demostrados.
La preocupación social no puede sustituir a la evidencia técnica: si existen efectos adicionales atribuibles a la ampliación deben medirse y verificarse, del mismo modo que no puede asumirse automáticamente que una actividad acuícola intensiva esté ocasionando esos daños.
Este matiz resulta especialmente relevante al hablar de licencia social. Una empresa necesita mantener una relación de confianza con el territorio donde opera, pero esa aceptación no constituye una autorización administrativa paralela ni debería convertirse en un derecho de veto sobre proyectos que cumplen la normativa.
De lo contrario, una actividad podría superar evaluaciones ambientales, invertir en sistemas de tratamiento y cumplir los límites establecidos y continuar sin la seguridad suficiente para ampliar su producción.
Para una acuicultura europea que necesita atraer inversión y ganar escala, esa incertidumbre también representa un riesgo.
La tecnología RAS ofrece precisamente mayores posibilidades para compatibilizar producción y protección ambiental al reutilizar agua, controlar las condiciones de cultivo y gestionar los efluentes.
No significa impacto cero ni elimina la necesidad de vigilancia, pero permite un nivel de control muy superior.
Por eso, el debate en Castrelo debería centrarse menos en cuestionar si acuicultura y marisqueo pueden coexistir y más en comprobar mediante datos si los sistemas de tratamiento y seguimiento garantizan esa convivencia.
Si aparecen desviaciones deberán corregirse; si los indicadores cumplen los parámetros autorizados, esa evidencia también debe formar parte del debate.
La Ría de Arousa necesita proteger el marisqueo y la mitilicultura, pero esa protección no debería cerrar la puerta a nuevas formas de producción acuícola capaces de generar actividad económica, empleo e inversión.
El caso de Aquacría Arousa muestra que la licencia social será importante para el crecimiento del sector, pero debe construirse sobre información verificable y responsabilidades compartidas: la acuicultura debe demostrar el cumplimiento de sus compromisos ambientales y quienes cuestionan su desarrollo deberían fundamentar sus objeciones en impactos demostrables.
El cumplimiento normativo debe seguir siendo el punto de partida para hacer posible la convivencia, no convertirse simplemente en otra condición insuficiente para poder crecer.
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