Por mucho que nos empeñemos en demostrar que la acuicultura es una actividad respetuosa con el entorno y necesaria para mantener los niveles de seguridad alimentaria, hay quien ya ha tomado posiciones que van a ser muy difíciles de cambiar.
Quizá el trabajo que se está haciendo ahora debería haberse comenzado hace años, pero eso ya no tiene remedio. Ahora lo que cabe esperar es que poco a poco la acuicultura vaya siendo más conocida entre el gran pública. Sobretodo la actividad, ya que los productos forman parte de la cesta de la compra desde hace años sin que a nadie le preocupe demasiado su origen.
Sea como fuere, lo cierto es que el Ayuntamiento de Calpe está decidido a interponer un recurso contencioso administrativo a la ampliación proyectada de la piscifactoría frente a su costa. Este es el paso ya fue ratificado por el pleno del ayuntamiento de Calpe con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Defendamos Calpe.
El recurso contencioso administrativo es el siguiente paso posible después de que fuera desestimado por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica un anterior recurso que se interpuso en abril de este año.
Dos serán los argumentos para realizar este nuevo recurso. De una parte, el impacto paisajístico que esta instalación supone en el litoral; y, de otra parte, un estudio sobre los efectos de la piscifactoría en las corrientes marinas.
Aunque no parece muy factible que este recurso pueda prosperar, lo cierto es que la alcaldesa de Calpe, Ana Sala (Partido Popular) anunció que tiene “un halo de optimismo” después del apoyo recibido por la Diputación de Alicante y el interés y preocupación mostrada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
El rechazo a la ampliación de la piscifactoría es un tema que viene de lejos, prácticamente desde que se anunció oficialmente.
El visto bueno para la ampliación se produjo el pasado mes de marzo después de cuatro largos años de trámites administrativos. Entre los trámites más importantes la empresa ha obtenido informes de Capitanía Marítima, Puertos del Estado, Dirección General de Agua, una Declaración de Impacto Ambiental, y la autorización de la Demarcación General de la Costa y del Mar.
La empresa concesionaria con esta autorización podrá pasar de 220 toneladas a 3 000 toneladas de pescado y pasara de tener en explotación 12 viveros a 45.
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