El Tribunal de Cuentas Europeo detecta falta de criterios comunes para compatibilizar usos como la acuicultura con las zonas marinas protegidas

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha advertido de que la Unión Europea carece de una metodología común para determinar si las actividades humanas son compatibles con los objetivos de conservación de las zonas marinas protegidas. El informe cita la acuicultura entre los usos que deben tenerse en cuenta en la ordenación del espacio marítimo.

La auditoría señala que la designación de un espacio como zona marina protegida no garantiza por sí misma la aplicación de medidas de conservación ni restricciones a las actividades. Tampoco existe una clasificación armonizada de las categorías de protección y de los usos permitidos, por lo que el nivel de protección puede variar entre Estados miembros e incluso entre espacios Natura 2000.

La cuestión es relevante para la planificación de la acuicultura marina. La Directiva europea sobre ordenación del espacio marítimo establece que los Estados deben integrar y equilibrar actividades como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo y la generación de energía con los objetivos de conservación. Sin criterios comunes para evaluar esa compatibilidad, el marco deja margen a las autoridades nacionales para definir las medidas aplicables.

El informe no ha examinado proyectos acuícolas concretos ni ha evaluado cómo las zonas protegidas afectan a las explotaciones, sus licencias o su ubicación. Por tanto, no concluye que la acuicultura deba restringirse en esos espacios ni cuantifica el impacto de las medidas sobre el sector.

El TCE también considera improbable que la UE alcance sus objetivos de protección marina para 2030. Alrededor del 14% de sus aguas marinas están designadas como zonas protegidas, frente al objetivo del 30%; menos del 1% está designado para protección estricta, lejos del 10% previsto.

Entre sus recomendaciones, el Tribunal pide a la Comisión Europea que trabaje con los Estados miembros para que la designación de las zonas se traduzca en medidas de protección aplicables y en información más normalizada sobre sus objetivos y gestión. La fecha prevista para aplicar estas recomendaciones es finales de 2029.