Santiago de Compostela 23/01/2020 – La Conselleira del Mar de Galicia, Rosa Quintana alertó ayer sobre la propuesta de modificación del reglamento general de la Ley de Costas, que está impulsando el Gobierno Central, y que pone en riesgo “como mínimo a más de un centenar de empresas” del complejo mar-industria asentadas en el litoral de la comunidad autónoma entre, depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, y explicó que este cambio normativo puede traducirse en un freno para todo el sector marítimo pesquero de la región.
“Esta reforma ataca a la línea de flotación de nuestro sector pues tenemos que pensar que toda nuestra producción de mejillón, almeja o berberecho tiene que pasar por depuradoras, cocederos o empresas de transformación y, si estas no tienen seguridad jurídica, se verían seriamente comprometida la puesta en el mercado de la producción de nuestros mariscadores y bateeiros”, resumió la titular del Mar.
Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo gallego viene advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y destacó que Galicia defiende un reglamento que tenga en cuenta la viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar porque de eso depende el futuro del sector.
De hecho, las alegaciones presentadas por la Xunta al cambio legislativo solicitan que se garantice al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que puedan producirse en función de un Gobierno de turno y que incidan en el desarrollo de su actividad.
Entre los aspectos que el Ejecutivo gallego consideran perjudiciales para las empresas afectadas está el plazo máximo de duración de las concesiones que quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas. La Consellería del Mar defiende que este plazo, de 75 años, no incluya desde la concesión, sino únicamente las prórrogas, pues de lo contrario, pondría en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos.
Otro asunto que la Xunta considera contraproducente es el hecho de que se revisen nuevamente los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga. Esta medida también complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.
La reforma del reglamento de Costas establece además la obligación de derivar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar, algo que todavía podría ser viable técnicamente, aunque implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que pueda hacer insostenible la situación económica de algunas empresas o provocar la pérdida de rentabilidad.
Para la Conselleira, hay que defender el principio de seguridad jurídica por lo que pide sensibilidad a la nueva vicepresidenta para la Transición Ecológica. “Sería darle el estacazo definitivo a la cadena mar-industria, a unas empresas que tenemos comprobado que desarrollan una actividad que no supone ningún riesgo para el medio ambiente y si mucha riqueza para nuestras zonas costeras”, concluyó.
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