El conflicto entre el sector del mejillón y la Administración gallega por las zonas de extracción de mejilla y el percebe ha subido un nivel de tensión después de que en la jornada del viernes la policía tuvo que proteger a la conselleira del Mar, Rosa Quintana de un centenar de bateeiros que la acorralaron a su salida del Intecmar, en Vilaxoán.
El altercado tuvo lugar a la salida de Rosa Quintana, que estaba acompañada de la conselleira de Infraestructuras y Mobilidad, Ethel Vázquez, en un acto en el que presentaron las actuaciones de saneamiento para el sector proyectado en Vilagarcía de Arousa por un importe de 10 millones de euros.
Además de acorralar a ambas conselleiras, Quintana fue increpada y “zarandeda” con gritos de “traidora” hacia el sector del mejillón, lo que las obligó a protegerse durante más de media hora en las dependencias del Intecmar.
Cabe recordar que en diciembre 2019 la Consellería del Mar publicó en el Diario Oficial de Galicia un decreto que regula la conservación y explotación de los recursos marisqueros y de algas, y que limita las zonas en las que se puede extraer semilla silvestre de mejillón para engorde en bateas y que pueden entrar en conflicto con las zonas de gestión del percebe.
La introducción de este decreto representa de facto acabar con el “monopolio” de los bateeiros al permitir a los percebeiros retirar la semilla que tradicionalmente venían realizando los productores en exclusiva.
A partir de ese momento, las cinco principales asociaciones del sector mejillonero han emprendido acciones legales contra la Xunta. En septiembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó un recurso de estas asociaciones dando la razón a la administración gallega.
Después de lo sucedido, desde el Complejo Mar Industria Alimentario, en el que se encuentran representadas la Asociación de Empresas Depuradoras y Comercializadoras de Moluscos (AGADE), Anfaco Cecopesca, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) y el Clúster de Acuicultura de Galicia (CETGA) se ha emitido un comunicado en el que se rechaza “cualquier forma de violencia, amenaza o coacción” en la defensa legítima de posiciones sectoriales.
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