Aquanaria S.L. ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Telde para esclarecer el origen de la mortalidad masiva de lubinas registrada en octubre de 2025 en sus instalaciones acuícolas de Melenara y Salinetas, en el litoral de Telde, y determinar si existen responsabilidades derivadas de los vertidos investigados en la zona.
La entrada del caso en sede judicial ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas a remitir a los Juzgados de Instrucción de Telde las diligencias abiertas sobre las posibles irregularidades detectadas en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Silva y los vertidos al mar a través del emisario 222.
Según la información conocida hasta el momento, la Fiscalía mantiene pendiente la incorporación de una pericial analítica encargada al Instituto de Ciencias Forenses. Este informe deberá ayudar a determinar el impacto ambiental de los vertidos y si los hechos investigados pudieran tener relevancia penal como posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El procedimiento se encuentra, por tanto, en una fase todavía abierta. La relación causal entre los vertidos investigados y la mortalidad registrada en las granjas marinas deberá ser determinada por la investigación judicial y por los informes técnicos que se incorporen al expediente.
Para Aquanaria, el episodio tuvo un impacto productivo y económico de gran magnitud. La empresa ha señalado en distintas comunicaciones que la mortalidad afectó a una parte relevante de su producción de lubina en talla comercial y cifra las pérdidas directas en torno a 15 millones de euros.
A esta cantidad, según la compañía, habría que sumar otros costes asociados a la gestión y retirada de los residuos biológicos, el transporte, la alteración de la operativa normal de la granja y el posible perjuicio reputacional derivado del episodio.
El caso tiene además una dimensión estratégica para la acuicultura marina en Canarias, ya que vuelve a situar en el centro del debate la compatibilidad entre actividades productivas autorizadas, infraestructuras de saneamiento, calidad del agua y garantías ambientales en zonas litorales con múltiples usos.
Aquanaria ha venido defendiendo que la persistencia de incertidumbres sobre la calidad del agua en el entorno de sus instalaciones compromete la viabilidad de su actividad en la zona. La compañía ya había planteado un calendario progresivo de desmantelamiento de sus jaulas marinas en Telde entre 2027 y 2029, aunque no descarta adelantar ese proceso si considera que no existen garantías suficientes para mantener la producción sin riesgo ambiental, productivo y económico.
Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha expresado su disposición a colaborar con la Justicia y a facilitar la documentación que pueda ser requerida para esclarecer los hechos. El Consistorio ha subrayado que la comunicación de la Fiscalía no atribuye por ahora responsabilidad directa al Ayuntamiento, sino que informa del traslado de las diligencias al órgano judicial competente.
El avance del procedimiento judicial abre ahora una nueva etapa en un caso que combina impacto ambiental, daño económico y conflicto de usos en el litoral. La clave estará en determinar, con base técnica y jurídica, si los vertidos investigados tuvieron relación directa con la mortalidad de las lubinas y qué responsabilidades pudieran derivarse de los hechos.
Más allá del caso concreto, el episodio pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas de control, vigilancia y respuesta capaces de proteger tanto el medio marino como las actividades acuícolas que dependen de una calidad del agua estable y verificable.
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