El alza incesante de los precios de materias primas y costes energéticos sin precedentes derivados por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania ha dejado en riesgo de colapso al sector acuícola español que representa un volumen de negocio cercano a los 500 millones de euros, incluyendo la producción de peces y mariscos, y unos 52 000 empleos entre directos e indirectos.
Desde Acuicultura de España, la marca de comunicación de la Asociación Empresarial de Acuicultura (APROMAR), advierten que esta situación está poniendo en peligro la viabilidad y desarrollo de este modelo de producción de alimentos azules.
Por eso, Acuicultura de España se ha unido a un llamado común de varios operadores del sector primario y han solicitado a la Comisión Europea “un marco de crisis temporal y ayudas estatales, como apoyo extraordinario a las empresas afectadas por la actual situación”. De esta manera, señalan, el sector acuícola “podría aspirar a subvenciones a empresas particularmente afectadas”.
Además, añaden, permitir exportaciones de bienes y servicios sin los habituales requerimientos técnicos y burocráticos de la Unión Europea “puede suponer un balón de oxígeno para un sector como la acuicultura, cuyo buen funcionamiento es esencial para asegurar la independencia alimentaria española”.
Antes de la invasión rusa de Ucrania, el país había sido un proveedor seguro y solvente de trigo, maíz y aceites vegetales de muy buena calidad, además de competitivos. Unas materias primas que han permitido a los productores acuícolas posicionarse como “libres de OGM”, un detalle esencial a la hora de buscar mercados internacionales.
Por eso, como señalan, “la invasión rusa plantea un duro golpe a la acuicultura española”, que produce más de una docena de especies a lo largo de nuestro país, y que ve cómo estos elementos imprescindibles para poder alimentar a sus especies registran subidas prácticamente semanales. “Si esta escalada de precios no se traslada a los intermediarios y al consumidor, la situación corre el riesgo de tornarse inasumible”.
La acuicultura española proporciona soberanía y seguridad alimentaria
Se trata, como señalan, “de una actividad que genera oportunidades de desarrollo económico y social en zonas donde no existen muchas más alternativas, y que garantiza el suministro de pescado fresco a los mercados, de origen español y a un precio accesible”. Ademas de ser “un sector comprometido con la excelencia y la seguridad alimentaria cuya viabilidad corre peligro por el continuo incremento de costes”.
El gerente de Acuicultura de España, Javier Ojeda, explica que la subida de la energía, los piensos, los combustibles, los materiales de envasado, las vacunas, y los salarios han llegado “en un momento de tesorería ajustada en las empresas, tras los parones productivos y las bajadas comerciales causadas por el Covid19 y que se ha agravado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia”.
Según las estimaciones de Acuicultura de España, el gasto medio devengado en el pasado ejercicio fue de unos 45 a 50 céntimos de euro por kilo de producto, cantidad que fue necesario repercutir en los costes de venta para evitar la producción a pérdidas. Determinados insumos, como por ejemplo el oxígeno han subido un 100%, y el pienso entre el 30 y el 50%, siendo ambos, imprescindibles para el desarrollo y bienestar animal.
Los costes de la energía, necesaria para la cadena de frío de los Sistemas de Acuicultura en Recirculación (RAS) de las granjas marinas en tierra en flujo abierto y las instalaciones de procesado, han crecido en torno a un 200-300% con respecto al 2021.
El gasóleo, que mueve embarcaciones, vehículos y camiones, es un 20% más caro. El precio del flete por tierra y aire está aumentando por días, incrementando los costes de comercialización. Estas escaladas generales conviven con las específicas de la actividad acuícola. Los materiales de envasado y transporte (pallets, envases, etiquetas, marchamos), son ahora un 15% más caros que en 2021. Y lo mismo ocurre con los productos veterinarios, que han subido un 30%.
A esto se suma, como señalan, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares con rentas medias y bajas derivadas de la inflación y que puede retraer el consumo de pescado.