POLÍTICA

Costas pone en riesgo la continuidad de tres depuradoras en el puerto de Tragove y 300 empleos

Cambados (Pontevedra) 10/05/2022 | Rosa Quintana, conselleira del Mar en funciones recuerda que viene avisando de que esto pasaría desde hace tres años

Las Conselleira del Mar de Galicia, Rosa Quintana cree que las maniobras del Gobierno central para sacar de la costa de la comunidad autónoma los edificio y actividades empresariales ponen en riesgo la continuidad en Cambados de tres depuradoras y 300 empleos.

Como denuncia la Conselleira del Mar en funciones, Rosa Quintana, la interpretación del Ejecutivo del Estado sobre el plan especial del puerto de Tragove demuestra que el sector se enfrenta a un problema real, tal y como lleva advirtiendo desde hace tres años.

Así lo expuso durante una visita a las depuradoras Mariscos Linamar y Mariscos Daporta en el puerto de Tragove, y lamentó la situación en la que se encuentran estas compañías tras el informe emitido por Costas del Estado que cuestiona su continuidad en terrenos portuarios.

Para Quintana, el caso de estas empresas es un ejemplo más de que el Gobierno central está invadiendo competencias de Galicia, lo que es “un nuevo ataque, inaceptable y desleal, al complejo mar-industria de Galicia”.

En este sentido, como explicó, la Administración central cuestiona la presencia en terrenos portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como la acuicultura o la depuración de productos del mar, algo que, advierte la conselleira del mar en funciones, “es de extrema gravedad y supone invadir competencias autonómicas”.

Como señala Quintana, es voluntad del Gobierno central retirar de la línea de costa más de un ciento de empresas y otras 4 000 edificaciones, entre ellas algunas de carácter social como centros de salud, colegios, plazas de abastos o, incluso, inmuebles de instituciones de la Xunta o de la propia administración general del Estado.

Este tipo de actuaciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, indicó, “generan inseguridad jurídica en el sector” y ponen en duda las actividades que tradicionalmente están presentes en los puertos, lo que dificulta la planificación de las empresas para hacer inversiones y que muchas se vean obligadas a cerrar “porque su actividad es inviable técnica y económicamente”.

De hecho, añade, el Gobierno central ya intentó su propósito con la Ley de Cambio Climático, que fue recurrida por la Xunta ante el Tribunal Constitucional, con la modificación del reglamento general de Costas que está tramitando y, también, con las interpretaciones restrictivas y arrogándose competencias que no son suyas sobre las instalaciones asentadas en los puertos.

Otros ataques del Gobierno central a Galicia los encontramos, según Quintana, en el recurso al Plan general de explotación marisquera y que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dio la razón a la Xunta.