La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sacado a información pública el documento ‘Contribución de España a las Directrices Estratégicas para una Acuicultura de la Unión Europea más sostenible y competitiva para el periodo 2021 – 2030’, ESAcui. El objetivo general es servir como herramienta para impulsar la actividad acuícola en el país para que crezca y se consolide como “sistema de producción de alimentos y productos seguros, sanos y sostenibles”.
Este documento, como señalan desde la Secretaría de Pesca, está promovido por los miembros de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos y Continentales (JACUMAR y JACUCON), de la que forman parte los técnicos de las comunidades autónomas y los representantes sectoriales, que acordaron la elaboración de una nueva estrategia para el próximo decenio. Llega en un “momento clave” por la disponibilidad de la financiación a través de la prioridad 2.1 que se enfoca a “promover actividades acuícolas sostenibles” dentro del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) 2021 – 2027. Esta prioridad cuenta con 163,17 millones de euros de financiación. Otras vías donde habrá una “importante financiación” es la prioridad 2.2 para la “comercialización de los productos”, y algunas iniciativas de acuicultura que podrán financiarse en la prioridad 1 y la 3.
El documento considera necesario “dirigir las inversiones hacia medidas certeras” y, está alineando las estrategias de las autoridades de las comunidades autónomas competentes, las prioridades de la Administración Central del Estado y las iniciativas sectoriales y de los agentes científico-tecnológicos.
La contribución de España a la estrategia es el resultado de un proceso de “análisis y reflexión”, que se inició en diciembre de 2019 con la evaluación “en profundidad” del Plan Estratégico de la acuicultura española 2014 – 2020.
La Contribución de España a las directrices estratégicas es un instrumento de gestión, y como tal, tiene identificado como principios orientadores la cooperación institucional; la transversalidad e integración de políticas; el respeto al entorno acuático y terrestre; la eficiente utilización de recursos; el suministro de alimentos seguros y saludables; el bienestar de los animales de cría; la contribución a la mitigación del cambio climático; la eficaz gestión del conocimiento, la transparencia y la participación ciudadana y la equidad social territorial.
Como objetivos estratégicos están: Favorecer la puesta en marcha de nuevas iniciativas y consolidar la actividad existente; asegurar la competitividad y viabilidad del tejido productivo; fortalecer la sostenibilidad ambiental de la actividad; resolver los retos científico-tecnológicos y asegurar la gestión y transferencia del conocimiento; así como mejorar la percepción de la sociedad sobre la actividad acuícola y sus productos.
Al someter el documento a información pública se busca enriquecer la propuesta inicial. Este periodo que se abrió el pasado 6 de mayo concluye el próximo 27 de mayo.
Una vez finalizado dicho periodo de información, el documento con las recomendaciones realizadas será remitido a los organismos de coordinación territorial y a la Comisión Europea para su aprobación final.