El primer informe social del STECF plantea una pregunta que va más allá de las estadísticas de empleo: ¿puede crecer la acuicultura europea si la Unión Europea aún no tiene una imagen clara de su base laboral, sus necesidades de cualificación y su relevo generacional?
Durante años, el debate europeo sobre acuicultura se ha centrado sobre todo en la producción. Al sector se le ha pedido crecer, reducir la dependencia de las importaciones, reforzar la seguridad alimentaria y contribuir a la economía azul, al mismo tiempo que cumple requisitos ambientales, administrativos y de bienestar cada vez más exigentes.
Lo que ha quedado menos visible es la cuestión laboral que hay detrás de esa ambición.
¿Quién va a trabajar en la acuicultura europea? ¿Qué perfiles necesitarán las granjas? ¿Puede el sector atraer a trabajadores jóvenes? ¿Qué parte del empleo depende de pequeñas empresas familiares? ¿Y qué papel desempeñan las mujeres en las compañías y en la propiedad?
El nuevo Informe Social Anual elaborado por el STECF y el Joint Research Centre no responde todavía a todas estas preguntas. Pero deja clara una idea: si Europa quiere más acuicultura, los datos sociales deberán formar parte de la estrategia de crecimiento.
La acuicultura ya es un empleador relevante dentro de la economía pesquera europea. Las estimaciones sectoriales utilizadas en el informe sitúan el empleo en torno a 67.962 personas, lo que representa el 23% de los puestos de trabajo del conjunto formado por pesca, acuicultura y transformación. Sin embargo, la llamada social del Data Collection Framework recoge 53.001 personas empleadas en la acuicultura de la UE en 2023.
Esa diferencia no es solo un detalle técnico. Revela un problema estructural para el diseño de políticas públicas.
Europa puede describir con relativa precisión la producción, el valor y los flujos comerciales de la acuicultura, pero todavía tiene dificultades para medir con la misma solidez a las personas que sostienen el sector.
El trabajo no es una variable secundaria
En la producción de peces marinos, el crecimiento requiere técnicos, responsables de planta, especialistas en salud animal, personal de alimentación y monitorización, equipos de mantenimiento y perfiles capaces de trabajar con sistemas cada vez más automatizados. En los criaderos, la cualificación es todavía más específica.
En el cultivo de moluscos y en la acuicultura continental tradicional, el reto es distinto, pero no menor. Son actividades a menudo más intensivas en mano de obra y estrechamente vinculadas a comunidades locales, empresas familiares e identidad territorial. Su valor social puede ser mayor de lo que refleja únicamente el volumen de producción.
Esto es especialmente importante en el Mediterráneo y el arco atlántico europeo, donde España, Francia, Grecia e Italia concentran el 64% de la producción acuícola de la UE. Estos países no son solo centros productivos; también serán los territorios donde se harán más visibles los retos futuros en empleo, cualificación, inversión, autorizaciones y sucesión empresarial.
En la acuicultura mediterránea, la cuestión laboral está directamente ligada a la competitividad. Los productores ya operan en mercados marcados por la presión de precios, las importaciones, la regulación, los riesgos biológicos y el aumento de costes. Sin trabajadores cualificados, será más difícil gestionar la eficiencia alimentaria, la salud de los peces, el bienestar animal, los sistemas digitales y el cumplimiento ambiental.
Las mujeres representan el 24% del empleo acuícola, una proporción superior a la de la pesca extractiva. Pero la cuestión más relevante es dónde se sitúan dentro del sector. Si siguen infrarrepresentadas en la propiedad y en la toma de decisiones, la acuicultura puede estar desaprovechando parte de su potencial de renovación.
Lo mismo ocurre con los trabajadores más jóvenes. Con un 57% de empleados entre 40 y 64 años, el sector no muestra una crisis demográfica inmediata, pero tampoco puede ignorar el relevo generacional.
Hasta ahora, la política acuícola europea ha medido la ambición en toneladas, autorizaciones, sostenibilidad ambiental y cuota de mercado. Estos indicadores siguen siendo esenciales, pero no son suficientes.
Un sector puede tener emplazamientos, licencias y planes de inversión, y aun así encontrarse con un cuello de botella si carece de trabajadores formados, condiciones laborales atractivas, trayectorias profesionales claras y continuidad empresarial.
El valor del informe del STECF es que abre la puerta a esta discusión. Su debilidad también es evidente: la acuicultura todavía aparece más descrita que analizada. Las próximas ediciones deberían profundizar en las estructuras de empleo, las cualificaciones, los grupos de edad, la propiedad y las diferencias entre sistemas productivos.
La pregunta clave ya no es solo cuánta acuicultura quiere Europa, sino quién la va a construir, operar y sostener.
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