La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía presentó ayer un informe al Consejo de Gobierno en el que se plantean una serie de medidas de apoyo al sector productor de la pesca y la acuicultura, su industria auxiliar y la transformadora, con el fin de mitigar el impacto del aumento desmesurado de los costes y de la actual situación de hiperinflación, sobre todo en lo que afecta a la energía -combustibles, gas y electricidad-.
De esta forma, el Consejo de Gobierno atiende a las demandas del sector pesquero y acuícola con “medidas excepcionales” que permitan garantizar la rentabilidad de un sector estratégico para la economía y el empleo en la comunidad, que, además, suministra alimentos de primera necesidad.
Entre otras iniciativas, el Ejecutivo autonómico reclama una rebaja temporal del impuesto de hidrocarburos que permita reducir el coste del gasoil para poder salir a faenar.
Además, la Junta solicita al Gobierno de España una bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social y la aplicación del tipo de IVA superreducido a los pescados y mariscos, ya que esta decisión contribuiría tanto a paliar la situación que sufre el sector pesquero por la brusca subida de los costes como a mitigar la disminución de capacidad de compra de los consumidores.
En esta línea, la Junta pide al Gobierno que se implemente y financie un sistema de ayudas de minimis que compense a las empresas pesqueras y acuícolas las inversiones derivadas de la inflación en los medios de producción y explotación, así como una reprogramación de recursos financieros que permita cubrir el establecimiento de mecanismos que redunden en el mejor rendimiento económico del sector.
Estas medidas se enmarcarían en los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y podrían contemplar, por ejemplo, la realización de compras unificadas de inputs o la búsqueda de compensaciones de los medios de producción a través de los precios.
Por último, el Ejecutivo andaluz tiene previsto solicitar también al Gobierno de España que proponga urgentemente a la Comisión Europea la modificación del reglamento comunitario, que permita ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, para responder a esta situación de hiperinflación.
Esta iniciativa se acordó recientemente con el objetivo de hacer frente al impacto de la pandemia por Covid-19 en los sectores productivos.
Con este cambio en la normativa se podría eliminar el límite de 180 días financiables por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en las paradas temporales y, además, sería posible habilitar ayudas para compensar los gastos adicionales que soportan los operadores de la pesca, la transformación y la comercialización de determinados productos pesqueros y acuícolas como consecuencia del deterioro del precio de la energía y/o el aumento de los costes de producción.
El informe presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recoge, igualmente, una batería de actuaciones de apoyo al sector pesquero y acuícola por parte de la Administración autonómica.
Así, se lanzará de forma inminente una convocatoria de ayudas para la realización de inversiones a bordo y cambio de motores al objeto de facilitar la implementación de mejoras destinadas a reducir los costes de funcionamiento.
En esta misma línea, la Junta procederá a la resolución de las convocatorias realizadas por los Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP), lo que permitirá poner a disposición del sector más de 10 millones de euros.
De forma paralela, se lanzará una convocatoria de ayudas para estos GALP por un montante de 5,9 millones de euros que se podrán solicitar subvenciones a inversiones de eficiencia energética por parte de la flota.
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