APROMAR aplaude el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado

APROMAR ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, promovida y aprobada por el Gobierno Central en el pasado Consejo de Ministros, y que supone la uniformización legislativa entre Comunidades Autónomas.

Según señalan desde APROMAR, en las últimas décadas, la Unidad de Mercado ha sido una de las principales reivindicaciones de la asociación “y sobre los que se han logrado pocos avances debido a la escasa voluntad mostrada hasta el momento por las administraciones autonómicas por coordinar sus políticas”, y por tanto, “es bienvenida porque va en esa dirección”.

Entre los objetivos de la norma, se encuentran los principios de garantía de libertad de establecimiento y circulación; eficacia en todo el territorio nacional, por el que un operador podrá ejercer su actividad económica, sin que se le exijan nuevas autorizaciones o trámites adicionales; o la supervisión y control de actividades económicas.

El anteproyecto, como señalan, puede representar solución a las Tasas de Puertos y regulación del Buceo

Concretamente, para APROMAR, el anteproyecto de Ley podría facilitar solución a dos problemáticas a las que se enfrenta la industria, y que son, la Tasa de Puertos a la acuicultura y los títulos profesionales de buzos.

De un lado, y respecto a la exigencia de la Tasa de Puertos, desde APROMAR critican que son inapropiadas a las empresas de acuicultura por uso de las instalaciones portuarias, ya que las vuelven “no competitivas”. Según indican, “el 80 por ciento de la producción española de peces de acuicultura marina se desarrolla en viveros flotantes en el mar”.

Para su funcionamiento logístico, estas granjas, se abastecen de pienso y juveniles de peces para siembra a través de barcos con base en puertos, por lo que son “una infraestructura esencial para el desarrollo de la acuicultura”.

En España, añaden, existen puertos dependientes del Estado, de las Comunidades Autónomas, e incluso de autoridades menores como municipios o diputaciones (cabildos).

Hasta 2003 la situación de la acuicultura en su uso de los puertos no presentaba complicaciones impositivas y cada empresa pagaba por los servicios que recibía en su puerto: lineal de muelle, superficie de trabajo, agua, electricidad, etc., en función de varias tasas (G-2, G-3 y E-2), y que una vez agregadas podían suponer un máximo de entre el 0,5% o 0,75% del valor de mercado del pescado desembarcado.

En 2004, se produjo un cambio de tributación para la acuicultura en los puertos dependientes de la Generalitat Valenciana que posteriormente se ha contagiado a otras comunidades como Cataluña. Este cambio consistió, según explican desde APROMAR, en una incorrecta equiparación de la acuicultura con la pesca y la aplicación a aquella de la tarifa G4 que supone pagar el 2 por ciento del valor de la mercancía desembarcada.

“Esta tasa comenzó a ser, y supone aun hoy, un muy grave problema económico para las empresas basadas en puertos competencia de la algunas Comunidades Autónomas y viene limitando su competitividad y viabilidad frente a los competidores de su entorno nacional e internacional”, señalan desde APROMAR.

Por su parte, el ejercicio del buceo profesional en España veníaa siendo regulado desde 1969 por varias normas nacionales que establecían el régimen de las actividades subacuáticas: seguridad, titulaciones, documentación, etc.

Estas normas fueron derogadas con el traspaso de esta competencia a las Comunidades Autónomas en 1995, quedando éstas obligadas a partir de entonces a desarrollar sus propias normativas; algunas las desarrollaron y otras no completamente.

A partir de ese momento, señalan, la convalidación de títulos obtenidos en diferentes CCAA dependió del grado de desarrollo legislativo de cada una de ellas y de las similitudes entre sus títulos respectivos.

“La realidad es que existen diferencias importantes, ya que las CCAA al ir creando sus titulaciones de buceo propias no han tenido en cuenta ni la estructura de títulos antigua y ni la nueva de las demás CCAA, generando con ello unas diferencias de base que dificultan, o incluso en ocasiones impiden, las convalidaciones entre títulos”.

Como ejemplo señalan que, un buzo que haya obtenido un título para bucear en Cataluña a 50 m, no podrá trabajar a esa profundidad en la Comunidad Valenciana porque la convalidación es imposible. “Esta situación encarece los costes de producción de las empresas que operan en varias CCAA simultáneamente, a la vez que dificultan la movilidad profesional de los trabajadores”.

Para concluir señalan que APROMAR seguirá de cerca esta iniciativa legislativa y propondrá a las autoridades los comentarios o enmiendas que sean necesarios.

Sobre el anteproyecto

El Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una normativa que pretende “asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional” mediante la aplicación del “principio de licencia única”.

Esto significaría que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el país sin necesidad de ningún trámite adicional.

Además, con la Ley, se atienden las demandas de las patronales que veian dificultadas implantar sus negocios en todo el territorio nacional.

El objetivo de la Ley es el de establecer unos principios y normas básicas que, de acuerdo con las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas, favorezcan la unidad de mercado y en consecuencia, la competencia, la inversión, la creación de empleo, la mejora de la productividad y el crecimiento económico de España.

Junto con la Ley se creará el Consejo para la Unidad del Mercado que se apoyará en las conferencias sectoriales.

Cabe recordar que el plazo de exposición pública y envío de alegaciones finaliza el próximo 8 de febrero.