El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayer que el Gobierno gallego recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del Reglamento General de Costas, que ha sido impulsada “de forma unilateral” por el Gobierno central.
La Xunta considera que esta modificación, “limita los derechos reconocidos legalmente a particulares, empresas y otros titulares de concesión en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), así como a las propias competencias autonómicas en el litoral. Es por eso, señaló Rueda que la Xunta “va a solicitar la nulidad de esta reforma”.
En reunión del Consello de la Xunta se aprobó que la Asesoría Jurídica General interponga un recurso contencioso – administrativo contra el real decreto aprobado el 1 de agosto.
El principal argumento para pedir la nulidad será que con los cambios introducidos en el reglamento “se limitan, condicionan y también se eliminan derechos previamente declarados previamente por la legislación en materia de costas al vaciarlas de contenido, algo que no puede hacerse mediante una regla de rango inferior”.
Como base jurídica hizo referencia a la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo que, como se argumenta en el recurso de la Xunta, establece que serán "nulas de pleno derecho" las disposiciones que "vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior".
Este recurso contra la reforma del reglamento se enmarca en la estrategia liderada por la Xunta en defensa de los intereses de Galicia y sus competencias exclusivas en el litoral.
"Esta regulación no tiene ningún sentido. Las cosas se pueden hacer mucho mejor”, dijo Rueda.
Con el fin de buscar el pleno autogobierno y la gestión de la franja costera asumiendo el papel gestor que le corresponde, la Xunta de Galicia anunció en septiembre el impulso de la que será la primera Ley de Ordenación del Litoral. El objetivo es proporcionar una norma adaptada a la realidad gallega para intentar solucionar los problemas y la inseguridad jurídica generada por las últimas decisiones del Estado, con una interpretación restrictiva de la gestión de la franja litoral y de las políticas públicas autonómicas.
Por ello y teniendo en cuenta que la Xunta estima que hay cerca de 4 000 edificios públicos y privados ubicados en el DPMT gallego, abrió una ronda de contactos con los municipios costeros y los principales agentes y sectores afectados para animarlos a implicarse en la redacción de la futura Ley de Ordenación, de la que precisamente este lunes se cerró la fase previa de consulta pública.
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