La Comisión Europea considera demostrado que la trucha de Turquía está subvencionada

Una vez demostrado que la trucha arcoíris procedente de Turquía ha estado subvencionada de manera ilícita, la Comisión Europea publicó el pasado 27 de febrero en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento de Ejecución del derecho compensatorio definitivo a las importaciones de trucha turca.

Según lo anunciado por la Comisión a través del DOUE, las medidas compensatorias se moverán en un rango de entre 6,7 por ciento y el 9,5 por ciento, dependiendo del exportador.

La denuncia estuvo liderada por la Asociación Danesa de Acuicultura junto con productores polacos, alemanes, británicos, franceses, italianos. La representación española la realizó ESACUA.

Todos los productores han valorado la decisión de la Comisión y han recordado que la industria de la trucha en Europa está formada por pequeñas empresas familiares, comprometidos con la acuicultura y los altos estándares que proporcionan los productos de calidad altamente vulnerables por guerras de precios causadas por competencia desleal.

Además, han asegurado que esta sanción es “una buena noticia para los consumidores” que prefieren comprar “productos locales, sostenibles y de alta calidad, con Omega 3, en lugar de alternativas bien envasadas pero de calidad inferior”.

misPeces ha tenido acceso a un documento enviado por el director general de Comercio de la Comisión Europea al presidente del Consejo de Asociación de la UE-Turquía en el que le comunica que considera probado que se están subvencionando las exportaciones de trucha arcoíris procedentes de Turquía hacia la Unión Europea y, por tanto, en sus conclusiones provisionales señala que tiene la intención de “imponer medidas compensatorias”.

Según la citada investigación la piscicultura de trucha arcoíris de la Unión Europea sufre un perjuicio debido a los subsidios directos recibidos por los productores turcos por parte de su Gobierno.

El volumen de las importaciones de trucha arcoíris procedente de Turquía casi se duplicó de alrededor de 15.700 Tm, WFE (el equivalente de pescado entero) en 2010 a alrededor 27.000 Tm WFE en el periodo de investigación.

La cuota de mercado correspondiente aumentó en 8,2 puntos porcentuales en 2010 a 16,7 por ciento en el periodo investigado.

Por otra parte, añaden desde la Comisión, “las importaciones turcas socavan el precio de venta de la industria de la UE en el mercado alrededor del 9 por ciento”. Por tanto, “la investigación reveló que la industria de la UE sufrió un perjuicio importante, en especial en términos de disminución de la cuota de mercado, volumen de producción, empleo, rentabilidad, flujo de caja y rentabilidad de la inversión”.

La investigación también ha correlacionado el estado de deterioro de la industria piscicultora de trucha en la UE y el aumento de las importaciones “a precios subvencionados originarios de Turquía”. El nivel de los precios de las importaciones no permitió que la industria de la Unión Europea aumentara sus precios en línea con el aumento de los costes de producción.

Por estos motivos, la Comisión llegó a la conclusión provisional de que “se puede establecer” una relación causal entre las importaciones subvencionadas procedentes de Turquía y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión Europea.

Según indica la citada carta, la investigación puso de manifiesto la existencia de subvenciones. Todos los piscicultores de trucha se benefician de ayudas directas del Gobierno y se cubre tanto a las truchas vivas, las materias primas utilizadas, y sus productos derivados; por ello, “la Comisión considera provisionalmente que todos los productores exportadores de la muestra se benefician del régimen de subvención directa”.

Para calcular el beneficio, la Comisión observó, en primer lugar, el porcentaje de subvención, siendo la cuantía de esta calculada sobre el total de la facturación de la empresa. A continuación, este porcentaje se utiliza para calcular la subvención asignada a las exportaciones del producto a la Unión Europea durante el periodo de investigación. Luego se calculó el importe de la subvención por el equivalente del pescado entero del producto afectado a la UE durante el periodo de investigación y los márgenes de subvención se calcula como un porcentaje del valor CIF de las mismas exportaciones de pescado entero.

La denuncia comenzó a formularse en 2009 por “posible violación de las normas que regulan la competencia en los tratados de la Comisión Europea”. La Asociación Nacional de Acuicultura Continental (Esacua) fue una de las organizaciones que encabezaba esta denuncia junto con otras asociaciones de la Unión Europea, entre ellas de Italia, Francia y Dinamarca.

El procedimiento de denuncia de estas características necesita estar representado por el 25 por ciento de la producción comunitaria. Ya en esa ocasión, la presidenta de Esacua, Luz Arregui advirtió que “la trucha turca puede romper el mercado europeo si no se hace algo por controlar sus precios”. “Cada año que pasa nuestros competidores alcanzan mayores cuotas de mercado que nos va a resultar imposible retomar”.

No fue hasta febrero de 2014 que se publicó en el Documento Oficial de la Unión Europea la decisión de la Comisión Europea de investigar estas presuntas prácticas irregulares.

La Asociación Danesa de Acuicultura ha liderado la denuncia contra los productores turcos por prácticas de dumping con la trucha arcoíris. Les acompañan en la denuncia los productores españoles, polacos, alemanes, británicos, franceses, e italianos.

En la denuncia describen que el plan de subsidios de Turquía consiste en apoyos de las inversiones y subvenciones directas concedidas a la producción de trucha arcoíris; préstamos subvencionados y seguros para los productores de trucha.

El 15 de febrero de 2014. Se acepta la denuncia de los productores europeos y se inicia el proceso de investigación.

25 de abril de 2014. Después de la publicación del anuncio de inicio, importadores, exportadores, productores de la UE, consumidores y usuarios pueden inscribirse como partes interesadas para recibir un los cuestionarios de la investigación.

15 de noviembre 2014. Fecha límite para la entrada en vigor de las medidas provisionales (9 meses a partir del inicio). Estas medidas tienen una duración máxima de 6 meses en el caso de una investigación antidumping y 4 meses en el caso de una investigación antisubvenciones. Las partes interesadas podrán presentar observaciones.

9 de diciembre 2014. Última fecha para que las partes interesadas presenten sus observaciones.

29 de diciembre 2014. Última fecha para transmitir el informe definitivo a las partes que han colaborado en el procedimiento.

14 de marzo de 2015. Última fecha para la publicación de la imposición de medidas definitivas o la conclusión del procedimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las medidas normalmente se imponen por un periodo de cinco años, con la posibilidad de solicitar una revisión de las medidas en el plazo mínimo de un año después de la imposición.